
La entente actualmente vigente fue suscrita en octubre de 2013, con una duración máxima de cuatro años, y tiene como principal objetivo, "a través de una adecuada coordinación e intercambio de información, el seguimiento y valoración de la afectación funcional y etiológica de aquellas personas que han estado en contacto con fibras de amianto en el desarrollo de su actividad laboral, para una mejora de su situación y de sus familias", declara la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra.
"Navarra dispone de uno de los registros más exhaustivos de trabajadores que han estado expuestos al amianto, la mayoría de los cuales se encuentran ya jubilados", prosigue la cartera sanitaria del Ejecutivo regional, que añade que "se trata, a 31 de diciembre de 2016, de 2.858 personas, de las que 2.463 son hombres y 395 son mujeres".