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| Pilar Farjas |
La Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, hizo una firme defensa del Real decreto de reformas sanitarias publicado en el BOE el 23 de abril, durante su comparecencia este martes en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, frente a una oposición, que si ya no puede modificar su contenido, aspira a conocer cómo se va a desarrollar en sus reglamentos. El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), CiU y la Izquierda Plural (IU) habían presentado cuatro preguntas al respecto. (Se adjunta acta de la sesión)
Tarjeta para los rentistas
Las indefiniciones de la normativa a desarrollar aún son muchas. Entre ellas cómo se va a reembolsar a los pensionistas el 10% de sus medicamentos cada mes. Según Farjas, en 2011, el 97% de los pensionistas consumió mensualmente fármacos por un valor inferior a los 18 euros, límite de pago fijado para aquellos con ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales; "luego no es una medida ni recaudatoria, ni gravosa", justificó la secretaria general. "Estamos buscando sistemas de reembolso con todas las Comunidades Autónomas", explicó en relación con la reciente normativa que prevé hasta seis meses para hacerlo efectivo.
Tampoco quedó claro cómo se va a materializar la universalización de la asistencia sanitaria tras este decreto, que vincula el derecho a la condición de asegurado en la Seguridad Social. Mediante convenios, se pretende asegurar el acceso a la tarjeta sanitaria para personas que han vivido siempre de sus rentas. Según Pilar Farjas, "una persona que vivía de rentas, como no entraba en ninguno de los grupos definidos, tenía que declararse 'persona sin recursos' para tener acceso tarjeta de asistencia sanitaria", lo que no le pareció razonable. Y también está por definir cómo accederán a la tarjeta los ciudadanos a partir de los 26 años, sin ingresos suficientes, que se independizan de la de sus padres como beneficiarios. Respecto a los inmigrantes sin papeles, también sed habló de convenios con las ONG.
Asistencia a europeos
De lo que sí está seguro el Ministerio es que hay que cobrar los más de 900 millones de euros anuales que gasta la sanidad pública española en asistencia a extranjeros. "Esto no es todo para todos. La universalización es para los españoles y en condiciones de reciprocidad con los países europeos", dijo Farjas.
Frente a las continuas referencias de los grupos de la oposición sobre el camino que puede abrir este decreto a la privatización de la sanidad, Farjas aseguró: "esto no es un modelo de negocio, sino de garantía universal".
Invasión de competencias
La Secretaria General de Sanidad se encontró además con dos reproches concretos de CiU y del PNV, que la advirtieron sobre la invasión de competencias que, a su juicio, representa el Real Decreto. "Es intensamente invasivo con las competencias autonómicas", dijo el diputado del PNV Emilio Olavarría. "Tengo la absoluta convicción de que va a ser declarado inconstitucional", añadió. Al tiempo, desde el Gobierno vasco se estaba anunciando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el RD 16/2012.