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| De Izda. a Dcha. Fernando Molina, Antonio Cabrera y Pilar Navarro |
"Es tiempo de ocupar las calles, tanto los profesionales de la salud como los ciudadanos, para defender el Sistema Nacional de Salud", dijo Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de la FSP-UGT", en la rueda de prensa convocada por las formaciones sindicales. En el anuncio participaron también Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y Fernando Molina Guerrero, Presidente Nacional de Sector de Sanidad de CSI-F,
"La única forma de parar este Real Decreto y todo lo que conlleva es que la ciudadanía se eche a la calle para defender nuestro Sistema Nacional de Salud público", afirmó el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO, Antonio Cabrera.
A la espera del apoyo de los partidos
En relación a la Mesa Sectorial de Sanidad, el secretario general de la FSS-CCOO anunció que se ha puesto como plazo el 30 de junio para obtener una respuesta afirmativa por parte del Ministerio. "Estamos intentando que algún partido le formule una pregunta parlamentaria sobre este asunto. Para nosotros un silencio ya es una negación. En este caso, iremos a la vía judicial", añadió Cabrera.
Por su parte, el presidente del CSI-F, Fernando Molina, declaró que el Decreto Ley sobre medidas sanitarias raya lo inconstitucional. "Estamos esperando a las modificaciones que pueda sufrir el texto para decidir nuestra respuesta, pero está claro que los recortes irán a más y acompasaremos nuestras movilizaciones con las medidas del Gobierno", anunció
Rechazo al ahorro en recursos humanos
Según los sindicatos, el rechazo al Real Decreto-ley 16/2012 (publicada en BOE de 24 de abril) se produce tanto por el contenido como por la forma. Entienden que contiene medidas de naturaleza diversa que no se pueden llamar urgentes y que "algunas rozan la inconstitucionalidad". En este sentido, los gabinetes jurídicos están estudiando la posibilidad de tomar medidas legales contra el decreto.
Los representantes sindicales han elaborado un manifiesto en el que se rechaza el ahorro en los recursos humanos del sistema. "Esto repercutirá directamente en los usuarios, del que todos somos acreedores, y supondrá cierre de centros, reducción de camas, de equipos, quirófanos, tratamientos", entienden. Como consecuencia, auguran "incremento de listas de espera y sobrecarga asistencial para los profesionales, que tendrán que redoblar esfuerzos por menor retribución. Además, estas medidas van a impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en nuestro país. Esto echa por tierra conceptos fundamentales como la equidad y la cohesión social, por la que tanto se ha trabajado en las últimas décadas", declaran en el documento.