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| Asamblea General Extraordinaria |
En la asamblea, y entre otras medidas, se decidió solicitar al citado Ministerio que reconsidere el modelo. Fernando Redondo, presidente de FEFE, aseguró que este Anteproyecto de Ley "no beneficia a nadie y pondrá en peligro el acceso de los pacientes a los medicamentos en condiciones de equidad y accesibilidad. Por su parte, la administración perderá sus competencias en el control del medicamento. Éste se entregará a la ley pura y dura de los mercados".
Un servicio de interés público
Fernando Redondo afirmó que, con el cambio de modelo, no se aumentará la competitividad en el sector, ya que está regulado por el Gobierno en precios y márgenes. Explicó que, sin embargo, se romperá la cohesión social y territorial existente actualmente. El modelo pretendido "nos llevaría a una concentración del sector con establecimientos localizados en núcleos rentables y llevando a la desaparición de aquellas farmacias de poco interés mercantil y donde la densidad de población no sea elevada". El presidente de FEFE lamentó que se pondría en riesgo la calidad de los servicios y se generarían desigualdades en las condiciones de acceso al medicamento por los pacientes.
Por su parte, Isabel Vallejo, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de FEFE, estimó que, si esta iniciativa se llevara a cabo, tres de cada cuatro farmacias cerrarían y se pondría en riesgo la continuidad de 22.000 autónomos y 60.000 puestos de trabajos directos. Tanto esta profesional como Fernando Redondo coincidieron en señalar que la oficina de farmacia "no es un servicio profesional, sino que es un servicio de interés general donde prima la salud pública".
Defensa del actual modelo español
FEFE defiende que el actual modelo español de Propiedad-Titularidad es un modelo asentado y testado en España que permite alcanzar el objetivo de "interés público" sin menoscabar la calidad del servicio y evitando criterios puramente mercantilistas gracias al control que desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas ejerce sobre la prestación farmacéutica. Por ello, ha solicitado que el Ministerio de Sanidad se mantenga firme y brinde su apoyo total en contra de este Anteproyecto de Ley.
En segundo lugar, FEFE manifiesta sus dudas sobre que el modelo que pretende el Ministerio de Economía venga impuesto por Europa, ya que la mayoría de los países disponen de un modelo como el español. Además, el Tribunal de Luxemburgo aboga por el modelo actual que dispone España, un modelo donde la regulación de la propiedad/titularidad exclusiva para el farmacéutico y la planificación con criterios geográficos y demográficos, es compatible con el derecho de la Comunidad Europea y la Directiva de Servicios 123/2006/CE excluye expresamente a los Servicios Sanitarios y Farmacéuticos.