La Comisión considera que esta situación constituye una infracción grave a la Directiva sobre Tiempo de Trabajo de la UE y pone en peligro no sólo la salud y la seguridad de los médicos, sino también la de sus pacientes.
En el caso de Grecia, en la práctica, los médicos que trabajan en hospitales públicos y centros de salud a menudo tienen que trabajar un promedio mínimo de 64 horas por semana y más de 90 horas en algunos casos, sin contar con un límite máximo legal. En este país, según constata la Comisión Europea, no existe un límite legal a la cantidad de horas continuas que los médicos pueden ser obligados a trabajar, por lo que muchas veces tienen que trabajar sin intervalos adecuados para descansar y dormir.
La Comisión informa que tuvo conocimiento de la infracción tras recibir numerosas quejas por parte de los médicos griegos y ya pidió a este Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional y las autoridades públicas cumplan con la Directiva. Sin embargo, la Comisión señala que todavía no se ha hecho ningún progreso concreto al respecto.
En cuanto al caso de Irlanda, la CE señala que la legislación nacional irlandesa respeta los requisitos de la Directiva mediante el establecimiento de límites a la jornada laboral de los médicos. No obstante, los hospitales públicos a menudo no aplican estas normas para los médicos en formación u otros médicos del hospital que no sean de atención de consultas. Se encuentran, así, numerosos casos donde se requiere a los médicos en formación para trabajar turnos continuos de 36 horas, más de 100 horas en una sola semana y entre 70 y 75 horas por semana en promedio.
En el caso irlandés, la Comisión informa que tuvo conocimiento de la infracción tras los informes nacionales que destacan la falta de cumplimiento y debido a que recibió una denuncia de una organización de médicos irlandeses. Asimismo, la CE señala que ya ha solicitado a Irlanda, en varias ocasiones, tomar las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con la Directiva, pero, a pesar de ello, la Comisión considera que los avances concretos al respecto son insuficientes.