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| Patxi López |
Los servicios jurídicos del ejecutivo de Euskadi estudian en estos momentos los fundamentos de su recurso que, según un portavoz de la Presidencia, se basarán en la invasión competencial y en la circunstancia de haber utilizado un Real Decreto-ley para aprobar medidas "que no son de urgencia notoria". El propio Parlamento aprobó esta medida el día anterior.
Uso espurio de normativa básica
En respuesta a una pregunta del Partido Socialista (PSE), el lehendakari mostró su preocupación por las normativas estatales aprobadas que, a su juicio, entran en el núcleo central de la capacidad autonómica de organización de los Servicios Públicos, pretendiendo convertir en normativa básica, y por lo tanto, de obligado cumplimiento, lo que nunca lo había sido. "Es decir, el Gobierno del Partido Popular hace un uso espurio de la normativa básica para, en la práctica, mutilar el modelo de autogobierno", según la transcripción facilitada por el ejecutivo autonómico.
Para López, el gobierno popular ha planteado una reforma en profundidad de los servicios de salud y de educación de las Comunidades, "sin haber contado para nada con las mismas. Porque una reunión de urgencia, y meramente informativa, lo que evidencia es que se pretende adoptar decisiones por las Comunidades Autónomas y no con las Comunidades Autónomas que es lo que siempre se debiera haber hecho".
Un cambio de modelo
El lehendakari reclama que no se trate a las CCAA como menores de edad, "asumiendo, de esta forma irregular, nuestras propias competencias". Y se hace, agregó, sin tener en cuenta las especificidades de Euskadi y de Navarra, "cuando, en nuestro caso, no hay referencia alguna a la necesidad de la aprobación, en la Comisión Mixta del Cupo, de cualquier modificación financiera que afecte a nuestras competencias".
Por este primer motivo, el presidente vasco anunció la presentación "en breve" recursos de inconstitucionalidad sobre aquellas medidas, decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, "que invadan nuestro autogobierno, y adoptará las medidas oportunas para que no se apliquen en Euskadi". No obstante, añadió que el motivo fundamental por el que se opone a estos recortes, "es de principios; es de modelo". A su juicio, las medidas que afectan a los servicios de salud "son de especial gravedad, porque afectan a muchas personas y rompen el criterio fundamental de servicios universales, que tanto nos ha costado conquistar", afirmó.
Mendigos de la sanidad
Además de la modificación en el copago de los medicamentos, o de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que Euskadi ya ha adelantado que no va a aplicar, López entiende que hay muchas cosas más encerradas en estos recortes "que modifican, a fondo, el Sistema Nacional de Salud". A sectores importantes, más numerosos de lo que puede parecer, "estas medidas les convierten, de alguna manera, en mendigos de la sanidad. Van a tener que andar permanentemente demostrando que son pobres, que no pueden pagar los servicios", dijo el presidente vasco.
"Van a tener que hacer una declaración de pobreza si quieren que les atiendan cuando estén enfermos. Sólo nos hace falta, para mayor humillación, ponerles un cartel colgado del cuello para identificarles mejor. Es decir, esta medida rompe un pacto social básico: todos somos iguales ante la enfermedad", añadió
Litigiosidad administrativa
Por añadidura, el dirigente socialista consideró que estas medidas van a generar una más que complicada casuística en relación a la cobertura y al nivel de aportación de los trabajadores y desempleados, al ser esta circunstancia cambiante con gran rapidez, lo cual, además de crear situaciones de gran desigualdad, va a dar lugar a una gran inseguridad jurídica; propensión al fraude social y fiscal e importante litigiosidad administrativa. Por ello calcula que, en lugar de ahorros, sin duda, aumentará los costes a la administración. Por eso y por la enorme complejidad técnica para su aplicación que necesitará de más burocracia para darle respuesta.
En definitiva, concluyó, "no vamos a aplicar estos recortes porque invaden nuestras competencias y, sobre todo, porque rompen con el principio básico de igualdad, universalidad y equidad ante el derecho irrenunciable a la salud".
Al ser preguntada la vicepresidenta del Gobierno por esta iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáez de Santamaría defendió los decretos como parte de la normativa básica y, por lo tanto, en el ámbito del Estado.