De acuerdo con la información facilitada, sobre el Real Decreto Ley 16/2012, que modifica aspectos trascendentes del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno Vasco recurre cuatro artículos (en concreto el 1. dos, 2. tres y cuatro, 4. trece y 10. cuatro).
El primero atribuye en exclusiva al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el reconocimiento y control de la condición de asegurado, lo que supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria.
Además, a juicio del Gobierno Vasco, la nueva regulación se introduce en el ámbito competencial autonómico porque:
- Reserva al Estado, parece que de forma exclusiva, la elección de las prestaciones sanitarias públicas sujetas a aportación económica del usuario.
- Establece una regulación completa del procedimiento de gestión para articular el pago del usuario (momento de hacerlo efectivo y plazo de las CCAA para reintegrar en su caso el exceso de aportación).
- Habilita a un reglamento de segundo nivel para regular aspectos de desarrollo sin ningún límite ni parámetro.
Por último, el Gobierno Vasco considera que el establecimiento de un plazo (31 de diciembre de 2013) para integrar al personal funcionario en el régimen estatutario, así como el mandato de adscribir a instituciones no sanitarias al personal que mantenga su inicial condición de funcionario, excede de la competencia atribuida al Estado y por tanto cercena la competencia autonómica.