La compra fue acordada entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ocho Comunidades Autónomas, el Ingesa (Ceuta y Melilla) el Ministerio de Defensa y el de Interior (Instituciones Penitenciarias). Las Comunidades Autónomas que se adhirieron al acuerdo fueron Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja.
El plazo de duración previsto para este acuerdo es de dos años, con la posibilidad de prórroga por un año más. El importe de la licitación, incluida su prórroga, es de casi 62 millones de euros, por lo que el ahorro, según el Ministerio, para el Sistema Nacional de Salud se estima en 8,6 millones de euros.