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| José M. Freire, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista |
Cultura de ética profesional
El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) propuso implantar en sus instituciones órganos colegiados de gobierno, a los que denominó "Consejos de Gobierno", con funciones de consejos de administración, máxima autoridad de la organización ante la que responde el director gerente, y con el mandato de cumplir la misión de la organización y velar por los intereses de los ciudadanos. Se consideró primordial la promoción en todo el sistema de "una cultura de buenas prácticas y de ética profesional a todos los niveles (gobierno, gestión, práctica clínica), impulsando y, en algunos casos exigiendo, la existencia y el cumplimiento de reglas y códigos de conducta específicos para todos los responsables y profesionales de la sanidad", con especial atención a la prevención de conflictos de interés, y a la ejemplaridad ética en el desempeño de las responsabilidades, con transparencia y rendición de cuentas.
Información pública en Internet
Para hacer de la transparencia la prueba más visible del compromiso con los principios del buen gobierno, la sanidad vasca ha considerado imprescindible facilitar la rendición de cuentas y la participación social, política y cívica, haciendo pública "por defecto", accesible y utilizable en internet, toda la información disponible que no desvele datos personales. Y, también en aras de una buena gobernanza, Osakidetza propugna un compromiso político y social que permita "una administración sanitaria políticamente neutral, profesionalizada y estable, a nivel intermedio y alto".
Decálogo de la OMC en 2005
Son conceptos que ya manejaba el 'Decálogo para el Buen Gobierno de los Centros Sanitarios y la Profesionalización de la Dirección' propuesto en 2005 por la Organización Médica Colegial en el que se recomendaba un sistema de información y cuadro de mando con "características de estabilidad, integración, veracidad, accesibilidad, referencia poblacional de indicadores, y transparencia interna y externa, para hacer posible la rendición de cuentas a la sociedad, y la cultura de evaluación y de la mejora continuada". Como anticipo de lo que ahora se propone electoralmente para la sanidad, la OMC ya contemplaba la necesidad de crear sistemas de información que permitieran la comparación entre centros de la misma y de distintas comunidades autónomas, "como condición para poder valorar desempeños, mejorar los estándares de productividad y emular desarrollos efectivos y eficientes".
Moción socialista en la Asamblea de Madrid
Sobre ambas argumentaciones se basa la moción que en la tarde de este jueves presentará el Partido Socialista de Madrid en la Asamblea regional, por la que se insta a la comunidad, en primer lugar a desarrollar la Disposición Adicional Décima de la LOPS (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias) sobre dirección de centros sanitarios, que conmina a las administraciones sanitarias a establecer los requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los centros sanitarios dependientes de las mismas, así como a evaluar el desempeño de sus funciones.
Un debate social, profesional y político
La moción, que será defendida por José Manuel Freire, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, recomienda, en segundo lugar, incorporar el decálogo de la OMC antes citado y encargar un informe a un comité de expertos independientes, cuyas propuestas, tras el correspondiente debate social, profesional y político, sirvan de base para elaborar una normativa que sea instrumento de buen gobierno de los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid. Dicho informe, según la petición socialista, ha de garantizar, entre otras cosas: una selección de los directivos realizada a través de convocatorias públicas abiertas, de concurrencia competitiva y resolución transparente del proceso de selección, y una regulación de la función directiva que contemple contratos y objetivos explícitos, evaluación periódica y órganos colegiados de gobierno ante los cuales rindan cuentas los gestores.