
La marcha atrás de la Consejería de Sanidad de Madrid sobre la reconversión del Hospital Público de Móstoles ha sacado a la luz el recelo de las organizaciones profesionales, políticas y sindicales sobre el consejero Sánchez Martos, al tiempo que se vuelve a denunciar la política de privatización sanitaria del gobierno presidido por Cristina Cifuentes.
A última hora del pasado viernes, 28 de abril, ante las críticas y protestas suscitadas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, decidió dar marcha atrás en su planteamiento de reconvertir el hospital de Móstoles, al sureste de la capital, en un centro de media y larga estancia. A media tarde de ese día, el consejero se dirigió a los portavoces de Sanidad de los Grupos Políticos en la Asamblea de Madrid para informarles de la decisión de proceder a suspender las actuaciones previstas para el Hospital General Universitario de Móstoles, en relación a las camas de media y larga estancia, hasta que no se apruebe el Plan General de Necesidades de los Centros Hospitalarios que se encuentra en fase de elaboración. Esta decisión estaba motivada tanto por los argumentos planteados por los profesionales del Hospital, como por las diferentes discrepancias surgidas entre la información suministrada por el equipo directivo del Hospital y el informe preliminar de gestión de futuro de las camas en el centro.
Posteriormente, la Consejería difundió una nota informativa dando a conocer la decisión de anular la propuesta para el hospital de Móstoles y supeditar cualquier acción futura a un Plan Global para todos los centros hospitalarios que se encuentra en fase de elaboración. Además, y en una especie de marcha atrás, se aseguraba que esta iniciativa daba respuesta a los planteamientos que han expresado los profesionales del Hospital de Móstoles de considerar su opinión.
Credibilidad mínima

A lo largo de la semana, las informaciones que sobre el Hospital de Móstoles se habían difundido desde la Consejería de Sanidad habían provocado que el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra, declarara que la consejería tenía una credibilidad mínima, entre otras razones porque había ido ofreciendo versiones contradictorias sobre el futuro del centro hospitalario. Y, entre otras medidas, reclamaba un mayor presupuesto para la actualización de este hospital.
Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid celebró que se hubiera tomado tal decisión, pues este sindicato había exigido la retirada inmediata del nuevo intento de privatización de la Sanidad Madrileña bajo la excusa de dotar de camas de media y larga estancia.
En su nota oficial, la FSS-CCOO Madrid afirmaba que compartía la necesidad de dotar a la Sanidad Madrileña de camas de media y larga estancia, pero que "esta dotación de camas en toda la Red Sanitaria Pública debería estar sustentada en un estudio real, racional, transparente y contrastado de las necesidades de la población, que evidentemente serán las mismas, si están adscritas a un Hospital Público o a uno de gestión privada o concesionado". Y añadía que "las políticas privatizadoras de los anteriores gobiernos de la Comunidad, junto con los efectos de la crisis económica, han tenido unos efectos devastastadores en los Hospitales públicos, a los que se ha ido minorando paulatinamente recursos económicos y humanos y renunciando a la inversión en el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras. El Hospital de Móstoles ha sido un claro ejemplo de cómo se puede descapitalizar paulatinamente un hospital público, abandonando la inversión en la actualización de la dotación tecnológica, o en la conservación y mejora de las instalaciones".
Contra la privatización
Conocida la noticia, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid asegura que le parecía "una decisión adecuada que pone de manifiesto la poca reflexión con que se había adoptado esta medida y demuestra que las movilizaciones cuando son unitarias y tienen suficiente envergadura obtienen resultados positivos". Y añadía que convenía "no olvidar que la privatización sanitaria es uno de los objetivos estratégicos del PP y que, por lo tanto, seguirá intentándolo, por lo que hay que estar vigilantes".
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), cuyo presidente, Carlos Castaño, no oculta que no se fía del consejero, se difundió una nota en la que, entre otras cosas, se expone que, "en plena crisis de corrupción del partido en el gobierno, optan por ralentizar su nueva oleada privatizadora basada en la descapitalización de los centros públicos y la potenciación de los privados, en este caso favoreciendo a la multinacional alemana Helios".
En su nota, AFEM celebra "que la gran movilización ciudadana y profesional haya conseguido frenar las intenciones de una Consejería que una vez más pretendía profundizar la privatización de la sanidad madrileña, procediendo a una liquidación definitiva del Hospital de Móstoles con su reconversión en centro de media y larga estancia, tras un largo proceso de descapitalización. Todo ello con la excusa de un envejecimiento de la población que casualmente solo se dará loa población atendida en el Hospital Universitario de Móstoles".
Además, la formación médica recuerda que, a lo largo de la semana, habían asistido a las sorprendentes declaraciones del consejero Sánchez Martos intentado diluir su plan para Móstoles en un plan extendido a más hospitales, entre los que curiosamente no aparecía ninguno de los hospitales privatizados. Y concluye diciendo que "llama la atención que el Sr. Sánchez Martos diga que elaboró un informe fallido que liquida el Hospital sin consultar a los profesionales, ni a la ciudadanía, ni tan siquiera a su Equipo directivo del Hospital. El Sr. Sánchez Martos no está capacitado para dirigir la sanidad madrileña y debería dimitir".