En concreto, este lunes, 4 de diciembre, se votará en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) la propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad que deberán cumplir las normas nacionales relativas a las profesiones reguladas. El objetivo de este futuro marco normativo es suprimir barreras de acceso a más de 5.000 profesiones.
En este contexto, las organizaciones colegiales sanitarias muestran su preocupación y manifiestan que "la legislación y la jurisprudencia europeas reconocen reiteradamente la especial naturaleza de las profesiones sanitarias y, para ello, cuentan con mecanismos regulatorios específicos para facilitar la prestación de servicios sanitarios y la movilidad de sus profesionales", excluyéndolas de normativas de carácter horizontal, por lo que consideran "incongruente e inadecuado" que se aborde la evaluación de la proporcionalidad de forma general, "sin tener en cuenta esta especial naturaleza".
Garantía de Salud Pública
Asimismo, estas corporaciones consideran que los requisitos que se exigen en el ámbito sanitario para el acceso a determinadas "profesiones no pueden interpretarse como restricciones al ejercicio profesional, sino como medidas de protección para los pacientes", y que las decisiones sobre la regulación de las profesiones sanitarias deben tener como objetivo la seguridad y mejora de la calidad de la atención, que "no debe ponerse en riesgo por decisiones basadas en términos económicos".
En consecuencia, los Consejos Generales de las profesiones sanitarias de España entienden que la reserva de actividad -como el título, la colegiación, la Deontología profesional y el conocimiento de un idioma, entre otros- "constituyen elementos que se encaminan a garantizar la protección del derecho a la salud y la seguridad clínica de los ciudadanos de la Unión Europea (UE)".Por ello, estas instituciones reclaman que cualquier regulación contemple la naturaleza específica de dichas profesiones sanitarias para garantizar tales derechos, "que se encuentran establecidos y justificados por razones de Salud Pública", y solicitan la exclusión de los profesionales sanitarios de la propuesta de Directiva de la Comisión.