Fernández Lasquetty no se pronunció sobre la presentación de un recurso por parte de su Consejería, "ya que tenemos que recibir el auto y estudiarlo, no ha sido una decisión unánime", dato que hasta el momento no había trascendido. En cuanto a los efectos que la decisión judicial pudiera tener en los presupuestos, se remitió a lo declarado en anteriores ocasiones, en el sentido de que no afecta a las cuentas de la Consejería, "ya que los presupuestos se han pensado teniendo en cuenta una posible suspensión cautelar del proceso".
Compás de espera
Los primeros en convocar rueda de prensa fueron los responsables del Partido Socialista de Madrid (PSM) que subrayaron la, según su opinión, desautorización que supone la decisión del tribunal hacia aquellos que habían conspirado para imponer la privatización. El portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, certificó la muerte del proceso en declaraciones a los medios de comunicación.Uno de los mayores protagonistas de esta historia es la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) que, aunque no emitió comunicado oficial, sí que se pronunció a través de su portavoz, Fátima Brañas, quien dijo a la agencia EFE que, "si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que éstas continúen con su trabajo»
Otro de los sindicatos litigantes como Amyts, además de un comunicado, resaltó a través de su secretario general, Julián Ezquerra, que "la decisión vuelve a una sección tercera, que ya ha demostrado previamente su intención de admitir medidas cautelares, es decir, paralizar cautelarmente el procedimiento. Es previsible que ya no se produzca una decisión hasta que finalice la legislatura, lo que significa que el proceso de privatización está condenado a su fin definitivo". "Es un golpe muy importante para la Consejería de Sanidad, porque ha desmontado un intento con clara intencionalidad: llevar a la sala de lo Contencioso-Administrativo la decisión. En la Consejería lo habían aplaudido porque entendían que era bueno para ellos. Si Lasquetty no admite el golpe recibido es porque no quiere verse derrotado".
Otra de las partes litigantes, concretamente la Federación Regional de Sanidad y Servicios Sociales de CCOO también se apresuró a manifestar su satisfacción como promotora de dos recursos. Valoró la decisión del tribunal "como un batacazo a un gobierno regional que sigue empeñado en imponer unas medidas privatizadoras que se han demostrado fracasadas. Por otra parte el mal llamado 'Plan de Sostenibilidad' que, además de la privatización de los seis nuevos hospitales, contemplaba toda una batería de medidas dirigidas al desmantelamiento del sistema público sanitario, han provocado la respuesta rotunda, continua y unitaria de todos los agentes implicados..."
Los no litigantes pero manifiestamente contrarios
También mostraron su alborozo organizaciones que, aunque no emprendieron acciones judiciales, sí que habían manifestado de las formas más diversas su oposición a los planes de la Consejería madrileña. Es el caso de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSP-M), que en boca de Marciano Sánchez-Bayle apunta que "parece obvio que, en un país desarrollado, lo primero que haría el consejero tras conocerse una noticia así es dimitir. Sería lo más razonable, puesto que es un fracaso suyo". "Creo que todo el mundo, los ciudadanos y los trabajadores sanitarios, se han alegrado. Es probable que alguna de las empresas concesionarias también. Se han quitado un marrón de encima".UPyD pidió a la Comunidad de Madrid que "abandone definitivamente" su proyecto de privatización de la gestión de seis hospitales, a lo que añadió que "el Gobierno sigue sin justificar el supuesto ahorro que pretende conseguir con la privatización de unos centros, que por sus características, muy probablemente estén entre los más eficientes del Servicio Madrileño de Salud”. El portavoz de Sanidad de este partido político en la Asamblea de Madrid, Enrique Normand, se mostró esperanzado en que "el PP dé marcha atrás, teniendo en cuenta todos los perjuicios que están ocasionando sus decisiones".
Por último, en este día de celebraciones, no faltó el comunicado del diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario en materia de Sanidad, Gaspar Llamazares, que consideró que "la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de devolver a los tribunales originales los recursos contra la externalización sanitaria en la Comunidad madrileña es una “magnífica noticia” y la valoró directamente como el “tercer fracaso” que sufre el Gobierno regional del PP en sus ansias privatizadoras. Para Gaspar Llamazares, estos intentos de buscar otras vías judiciales más próximas a sus intereses por parte del PP y “saltarse al juez” es lo que ahora ha “deslegitimado el tribunal”. El diputado de IU mostró su satisfacción porque esto va a servir para que la privatización sanitaria orquestada “siga paralizada” y, con ello, se retrase lo que calificó de “laboratorio de pruebas para la privatización del sistema sanitario español” que el partido de Mariano Rajoy puso en marcha en la Comunidad de Madrid.