El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se reunió este miércoles en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Como punto coincidente de la mayoría de los consejeros, independientemente de su color político, estuvo la extensión del orden del día, compuesto por 31 puntos, algunos de tanta importancia política como el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, la prescripción enfermera y la financiación de la sanidad. Recibieron a los consejeros unas decenas de manifestantes del movimiento de afectados por el VHC que corearon consignas contra los recortes en sanidad. Finalmente, el pleno concluyó con acuerdos claros, o condicionados, a la mayoría de los puntos del programa del día, a excepción del rechazo generalizado al reglamento propuesto para el funcionamiento del Consejo Interterritorial.
Dolors Montserrat
De diálogos y consensos
Rompiendo el protocolo habitual de sus predecesores, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se detuvo en el pasillo que conduce al salón de plenos para ofrecer una breve introducción del encuentro a los medios de comunicación. Lo hizo para transmitir desde el principio la voluntad de diálogo y consenso que quiso imprimir a la reunión.En primer lugar, Montserrat afirmó que se convocó el pleno del CISNS para avanzar en la consolidación del sistema sanitario como una parte capital del Estado del Bienestar.
A continuación, y por coincidir el pleno con el día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la ministra celebró poder traer al consejo una estrategia nacional destinada a mejorar el encaje de esta severa enfermedad en la sanidad española, además de una esperanza para los pacientes y sus familias.
Siempre la hepatitis C
Montserrat también se refirió a la hepatitis C como un abordaje en el que España está liderando las cifras europeas de tratamiento. Con más de 76.000 pacientes ya tratados hasta el momento, la ministra afirmó que ahora el compromiso del Gobierno es ampliar los tratamientos a un mayor número de pacientes. Como coste inicial de esta ampliación, la titular de la cartera de sanidad habló de 200 millones de euros. Una cifra más manejable que las vigentes al principio del plan estratégico, debido a que han bajado los costes de los tratamientos y ya hay menos pacientes que tratar.
José María VergelesPrimer aldabonazo
Cuando el pleno llevaba aproximadamente una hora, salieron al encuentro de los medios los consejeros de Extremadura, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El primero en dirigirse al micrófono fue el consejero extremeño de sanidad y políticas sociales José María Vergeles, para celebrar que la mayoría de las regiones rechazaron el reglamento propuesto por el Gobierno para regir el funcionamiento del CISNS. Según afirmó el político socialista, haber dado vía libre a dicho reglamento habría supuesto conceder carácter ejecutivo al consejo, en beneficio de la Administración del Estado. Sin embargo, con el aplazamiento de una nueva redacción se logró, según Vergeles, que el órgano siga siendo un ente de coordinación sanitaria para los territorios de España.El consejero extremeño, que consideró el CISNS como el eje sobre el que debe pivotar el sistema sanitario, no consideró aceptable la propuesta de Montserrat, tras 14 meses sin convocar el pleno y después de 7 meses de la ministra en el cargo.
Leyes, fondos y hepatitis
También echó a faltar en el orden del día del consejo un verdadero planteamiento de la universalización de la sanidad, la financiación de las nuevas terapias y el acceso justo a los tratamientos para el VHC. De igual modo, Vergeles consideró necesario volver al espíritu de la ley de cohesión de la sanidad, 29/2003, en lugar de su remedo de hace dos años, Ley 40/2015.Como conclusiones, hasta conocer el desenlace de todo el pleno, Vergeles reivindicó la vuelta a los fondos de cohesión y garantía asistencial, la normalización de las relaciones entre los médicos y enfermeros, en una crisis generada innecesariamente por el Gobierno, y que la comisión delegada del CISNS haga bien su trabajo y presente un buen reglamento de consenso en dos semanas. En cuanto a los tratamientos para el VHC, el consejero habló de 23 millones de euros para una población de 1,2 millones de extremeños.
María Luisa Real GonzálezNo a la re centralización
La consejera de sanidad de Cantabria, María Luisa Real González, remachó que esperaba mucho más de un consejo interterritorial, después de 14 meses sin ser convocado y seis meses de recorrido del actual Gobierno. Según su opinión, el equipo de Montserrat montó un pleno sin haberlo preparado mínimamente, y prestando oídos sordos al criterio de la comisión delegada.Del reglamento para gobernar el CISNS afirmó que es un mal documento, más bien dirigido a una asamblea sectorial que a consensuar las políticas sanitarias en un país. Como Vergeles, denostó la adscripción del texto a la ley 40 de 2015, en lugar de beber directamente de la ley de cohesión sanitaria (2003). Por eso, la consejera dijo a la ministra que debe tomar buena nota del rechazo de las CCAA a la recentralización de la sanidad.
Como defectos a criticar desde una comunidad uniprovincial como Cantabria, Real González rechazó la retirada de fondos de cohesión y la falta de liderazgo central en la financiación de los nuevos tratamientos para la hepatitis C. Según su criterio, tal financiación debe ser definida en términos justos y explorar posibilidades como el riesgo compartido, las compras centralizadas y los techos de gasto, entre otras modalidades destinadas a poder pagar los nuevos tratamientos.
Carmen MontónDerogar el 16/2012
Para reforzar los mensajes anteriores, la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, habló de falta de preparación en el programa del pleno y de respeto a las CCAA, como un claro desdén a la sanidad. Recriminó a la ministra haber dejado fuera del foco la universalidad de la asistencia sanitaria, la financiación de los nuevos tratamientos y la violencia de género. En este último tema, no estrictamente sanitario, Montón consideró que se puede hacer mucho desde el servicio de salud, por su enfoque transversal. Razón por la que su comunidad realiza cribados en atención primaria y especializada, al tiempo que reclama un pacto estatal sobre el problema.Sobre el reglamento pospuesto, la consejera afirmó que iba a hacer un flaco favor al CISNS como órgano colegiado de transparencia y participación autonómica, ya que el interterritorial no es un decorado. Además de esta crítica, Montón declaró que los gobiernos de cambio que hay en España han marcado otro estilo en sanidad. Puso como ejemplo la eliminación del copago farmacéutico en Valencia, como un claro freno económico para que muchos pacientes puedan acceder a sus tratamientos. Tal como refirió, la supresión de la medida, permitió recuperar un 38 por ciento de los tratamientos que los ciudadanos no podían abonar por culpa del referido copago. Por eso, la consejera pidió al Gobierno de la nación que retire el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión de la administración valenciana. Una petición a la que añadió la necesidad de derogar el real decreto 16/2012, armazón de la reforma sanitaria efectuada por el Ejecutivo durante el último lustro.
No renunciar a salvar más vidas
Como conclusión del encuentro sobre VHC, Montón habló de la primera ampliación de los tratamientos en hepatitis C, bajo criterio clínico. Un empeño en el que, según su opinión, la financiación debería venir del ministerio de sanidad, mediante un compromiso presupuestario contante y sonante. De ahí que la consejera calificara de "miserable" la penalización en déficit a las CCAA que sufragan los tratamientos, especialmente si están adscritas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como ocurre con Valencia. Según su punto de vista, los 200 millones comentados por la ministra son un brindis al sol, si no son acompañados por una correcta dotación presupuestaria.
Jesús Sánchez MartosElogio y figura de la ministra
El consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Marto, estimó que el pleno celebrado marcará un antes y un despuès en la historia del CISNS, gracias al empuje dinamizador de la actual ministra de sanidad. Lamentó sin embargo, el aplazamiento del reglamento para el consejo por ser una necesidad que los compromisos que se alcancen sean de exigible cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pese a ello, el político madrileño se mostró confiado en que la comisión delegada pueda hacer una buena propuesta al respecto en sólo 15 días. Al tiempo que recordó que, mediante el consenso, ya se consiguieron ciertos éxitos colectivos como la inclusión de la vacuna contra la varicela en el calendario vacunal. Aunque no dejó de deslizar una duda acerca de la verdadera voluntad política de los consejeros socialistas por disponer en plazo breve de un reglamento para el CISNS.Sobre el recurrente tema de la hepatitis C, Sánchez Martos aseguró que la comunidad de Madrid es, junto a Valencia, la región donde se administran más tratamientos, sin que en su autonomía los costes hayan impactado en el déficit.
Sobre la prescripción enfermera, el consejero defendió a estos profesionales que, a pesar de las polémicas y posibles huelgas no celebradas, nunca dejaron de vacunar a los ciudadanos. En cualquier caso, el consejero lamentó que el artículo 3.2 del real decreto de indicación enfermera, clave de toda la polémica, podría hacer perder seis años de trabajo y el derrumbe de toda la norma. En ese punto, el político madrileño se alineó con su homólogo de salud en el País Vasco, Jon Darpón, cuando afirmó que el texto definitivo de la prescripción-indicación enfermera no debería suponer que haya vencedores ni vencidos.
De la violencia de género, Sánchez Martos afirmó que ya está protocolarizada en Madrid, a través del SUMA y la red sanitaria, además de abordar en breve el terrible asunto de la mutilación genital femenina.
Jesús Vázquez Almuiña5.000 pacientes en Galicia
En su salida a los medios, el consejero de sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña dio algunas pinceladas sobre el desarrollo del pleno, suscribiendo la tesis de Madrid, Ceuta y Melilla de dotar al CISNS de un reglamento que haga de sus acuerdos compromisos verdaderamente vinculantes. Junto a estos, Vázquez Almuiña destacó los avances suscritos en relación al registro español de enfermedades raras. En cuanto a los acuerdos alcanzados para el abordaje de la ELA, el consejero gallego explicó que van destinados a pacientes que requieren mucho apoyo sanitario y social, además de investigación para poder revertir el curso de su enfermedad. En el caso de Galicia, el político sanitario afirmó que no hay salto entre la asistencia sanitaria y los servicios sociosanitarios que reciben estos pacientes.En el espinoso tema de la hepatitis C, Vázquez Almuiña precisó que el consejo interterritorial abundó más en sus aspectos médicos que de financiación. En ese sentido comentó que se adquirieron compromisos para seguir desarrollando el plan estratégico para el abordaje de esta enfermedad. Sin embargo, consideró que la financiación debe hacerse desde una visión de conjunto, porque hay otras patologías que también precisan medicamentos innovadores de alto coste. Tras reiterar que hay que afrontar el reto del gasto sanitario de forma general, citó problemas específicos de regiones como Galicia o Castilla y León, donde se dan desafíos importantes como el envejecimiento poblacional o la dispersión geográfica.
A preguntas de los periodistas, el consejero gallego de sanidad consideró factible el objetivo de curar de hepatitis C a todos los pacientes que no han sido tratados todavía. En el caso concreto de su comunidad, cifró en más de 5.000 pacientes ya tratados de VHC, por ser los casos más graves, y otros 300 en fases más iniciales, por tratarse de colectivos vulnerables como, por ejemplo, las mujeres embarazadas.
En cuanto a la prescripción enfermera, Vázquez Almuiña adelantó el acuerdo de crear unas guías de colaboración entre profesionales sanitarios a instancias del ministerio de sanidad.
Jesús Fernández SanzPagar es más que invitar
El consejero castellanomanchego reiteró la exigencia de financiación necesaria para hacer posible el objetivo de tratar a todos los pacientes con hepatitis C, independientemente de su grado de infección o fibrosis. Por eso considero que no es aceptable que "unos inviten y paguen otros", en directa alusión al ministerio y las CCAA, respectivamente. En cualquier caso, y sin salir del VHC, el político consideró que es necesario hacer un cribaje de potenciales personas infectadas y un registro efectivo de pacientes. Así mismo, adelantó que su región pedirá que el comité de expertos que evalúe estas cuestiones, incluya especialistas en salud pública.En otro orden de cosas, Fernández Sanz declaró que la política de precios de medicamentos debería ser paritaria para todas las CCAA y no estar reservada a las autonomías que entran por turno en la comisión interministerial destinada al efecto.
Marina Álvarez BenitoSin problemas de prescripción enfermera
A pesar de que todavía no existe ni un cribado acordado ni un registro exacto de pacientes, la consejera de salud de Andalucía, Marina Álvarez Benito, estimó que en su región podría haber 30.000 personas afectadas, cuyo tratamiento tendría un coste aproximado de 500 millones de euros, escalables hasta el año 2020.La consejera también pidió que la Administración negocie con los laboratorios los precios de los fármacos para el VHC ya que, según su opinión, todavía siguen siendo "abusivos". De forma que se pueda hablar realmente de equidad con financiación específica.
Sobre los pacientes afectados por la talidomida, Álvarez Benito explicó que había en tierras andaluzas 52 personas en 2016, con la salvedad de que sería bueno que el ministerio hiciera un registro estatal, para que España se igualara con el resto de Europa en este tema.
Finalmente, y respecto a la cuestión de la prescripción enfermera, la consejera apeló al decreto autonómico que la ordena en su territorio desde 2011. Al ser un modelo que funciona muy bien, según sus datos, puso ese texto a disposición del ministerio, con objeto de que pueda utilizarlo en las guías de relación entre profesionales sanitarios que desarrollará en un futuro. En cualquier caso advirtió, que los acuerdos del CISNS, ni las guías, supondrán dar marcha atrás para Andalucía en este asunto.
Patricia Gómez i Picard2.000 pacientes en Baleares
Por su parte, la consejera de sanidad de Islas Baleares, Patricia Gómez i Picardl, urgió a derogar el real decreto 16/2012 por ir en contra de la universalidad del decreto y por hacer posible el copago farmacéutico para los pensionistas.Según sus palabras, Baleares está a la cola de financiación de España y requiere un proyecto del ministerio para dotar al archipiélago de una financiación extraordinaria. Puso el ejemplo de Menorca e Ibiza con nuevos hospitales para pacientes infecciosos, cuyo transporte en avión resulta siempre caro. También pidió una mayor participación en la comisión interministerial de precio y financiación para las autonomías y citó a los niños con enfermedades ultrarraras que precisan hasta 600 euros al mes de tratamiento para sus familias.
Sobre prescripción enfermera, la profesión de la propia consejera, Gómez i Picard declaró que Islas Baleares es distinta a otras CCAA, al disponer de un decreto específico desde 2011, como Andalucía. Por ello sintió como algo propio que la norma haya sido suspendida temporalmente, con el doble lamento de que fue el Consejo General de Enfermería la entidad que interpuso el recurso.
Para concluir, Gómez i Picard cifró en 2.000 los pacientes que todavía requieren tratamiento para el VHC en las islas, con un coste aproximado de 20 millones de euros.
En cuanto a la talidomida, la política socialista agradeció que hubiera un comité de expertos para su evaluación, aunque echó en falta un protocolo para la evaluación en todos los territorios.
Antonio María Sáez AguadoAcuerdos generalizados
El consejero de sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, celebró la aprobación de la ampliación del plan hepatitis C hasta 2020, con inclusión de todos los pacientes con infección. Sin embargo, y teniendo en cuenta que en 2015 la región no cumplió con los objetivos de déficit por el coste de los antivirales, el consejero pidió que el fondo de cohesión evite la imputación en déficit de estos conceptos.También consideró positiva la aprobación de la estrategia nacional para las resistencias microbianas a los antibióticos, en la estela de asuntos tan importantes para la salud pública como podría ser el VIH. De igual forma, Sáez Aguado comentó que el pleno acordó coordinar actuaciones para los pacientes afectados por la talidomida, en forma de apoyo, soporte social y ayudas económicas. Junto a ello, destacó algunos puntos acordados para la actualización del plan de salud mental.
En cuanto a la troncalidad, el político castellanoleonés habló de un consenso suficiente para regular ésta por un lado y las especialidades por otro. De igual forma, se avanzó en su opinión en la conformación de especialidades en Psiquiatría del Niño y el Adolescente, genética clínica y urgencias y emergencias.
También adelantó el consejero que estamos próximos a una gran oferta pública extraordinaria de empleo sanitario para reducir la interinidad en el sector.
Dolors MontserratAceptable satisfacción
Como era de esperar, la ministra de sanidad abrió y cerró el pleno. Hizo esto último con una alabanza al tono positivo de todos los consejeros y sus equipos. Como resumen del encuentro, Dolors Montserrat destacó el acuerdo alcanzado en 30 de los 31 puntos, siendo el discordante el rechazo al reglamento del funcionamiento del CISNS.Dicho lo anterior, pasó a enumerar los acuerdos concretos alcanzados:
La aprobación de la primera estrategia nacional para la ELA, responsable de tres nuevos casos cada día.
La aprobación de la extensión del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, con inclusión de los grados de fibrosis cero y uno. Dicha aprobación ascenderá en 2017 a 200 millones de euros, con costes por tratamiento equivalentes a los de hace diez años, con una lógica redistribución del gasto sanitario.
En talidomida, Montserrat consideró que se adelantó en la reparación a las víctimas, con la creación de una oficina de asesoramiento y reclamaciones en el Instituto de Salud Carlos III.
En salud mental, la ministra destacó los acuerdos destinados a terminar con el estigma social del paciente con patología mental, desde una manera integral e inclusiva, para lograr mejores diagnósticos, tratamientos y reinserciones sociales.
En indicación enfermera, que no prescripción, informó que se acordó crear una comisión con tres vocales, originarios de Cataluña, País Vasco y Galicia, territorios históricos, con el añadido de Andalucía.
Dentro del foro de la profesión sanitaria, no convocado desde hace dos años, Montserrat celebró el haber logrado que médicos y enfermeros se sienten a una misma mesa, después de tanto tiempo de desencuentro.
Para desbloquear el frenazo a la troncalidad, la ministra consideró importante avanzar las áreas de capacitación con normas específicas y haber acordado no desechar todo el real decreto.
También se aprobó la orden del registro estatal de profesionales sanitarios, con inclusión de la formación y experiencia.
En cuanto a las grandes cifras del pleno, Montserrat citó los 129.700 puestos de la OPE extraordinaria prevista para rejuvenecer el SNS, los 30 millones de euros de políticas de cohesión, los 1,8 millones para enfermedades raras y los más de 300 productos ortoprotésicos estudiados para su financiación, con inclusión entre ellos de los cojines antiescaras.
Para finalizar, la ministra de sanidad dejó claro que en 2017 no habrá financiación finalista para los 200 millones de euros anuales hasta 2020, previstos para los nuevos tratamientos de hepatitis C, tal como pedían las comunidades gobernadas por el PSOE. Dicha financiación, aseveró, será realizada por las CCAA, tal como contempla el plan estratégico de la enfermedad y los dictados del ministerio de Hacienda.
Información Oficial del Consejo Interterritorial del SNS