Según expone esta organización, este es el motivo de origen de esta nueva regulación, la cual "desprotege a los trabajadores enfermos" y no el justificado, basándose en "la necesidad de reducir los trámites burocráticos asociados a la emisión y los controles de las bajas". La reforma "pivota sobre la desconfianza de la Administración y de las empresas de las decisiones del personal facultativo".Además, la FADSP manifiesta que muestra "una presunta voluntad defraudadora de los trabajadores de utilizar las bajas para no trabajar". Por esta razón, declara que en el documento "se teje una malla de controles destinados a recortar el derecho a no tener que trabajar si se está enfermo".
"Paradójicamente, la nueva Ley incrementará la carga de trabajo burocrático del personal facultativo del sistema público, con múltiples y reiterados informes sobre los pacientes de baja, y que le exigirá un esfuerzo adivinatorio sobre la duración de los procesos de enfermedad o accidente", continúa la Federación, que añade que "los protocolos y tablas sobre la duración estimada de la incapacidad, establecida en cuatro tramos parece artificiosa, poco razonable y cuestionable científicamente".
Por todo ello, la FADSP sostiene que el Real Decreto de Incapacidad Temporal "representa una vuelta de tuerca en la estrategia de recortar derechos de todos los trabajadores y de reforzar el papel de control de empresas y patronales en detrimento del papel de los profesionales del sistema sanitario público".