Acta Sanitaria (AS).- ¿Por qué era necesario devolver a los empleados la jornada semanal de 35 horas?
Íñigo Cortázar (IC).- Desde la óptica de una Administración progresista, se ha considerado necesaria la vuelta a la jornada de 35 horas basándose en dos razones fundamentales:
- Esta jornada incide de manera positiva y directa en las condiciones laborales de nuestros profesionales de cara a una mayor y mejor conciliación de la vida laboral y personal. Estamos firmemente convencidos de que un empleado público motivado y con unas condiciones de trabajo óptimas es un empleado público más comprometido y productivo.
"Se trata de una medida creadora de empleo"- Se trata de una medida creadora de empleo. Nuestras estimaciones hablan de cerca de 496 profesionales que se van a incorporar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) únicamente con el impacto de esta medida. A fecha de hoy, ya se han contratado más de 330 de estos profesionales, lo que supone la mayor creación de plazas sanitarias desde hace más de seis años.
AS.- ¿Considera que a los profesionales se les ha tratado injustamente hasta ahora con medidas como ésta?
IC.- Absolutamente. La durísima crisis económica que hemos vivido ha afectado a todos los estratos sociales, también a los empleados públicos. La característica distintiva de los recortes que ha sufrido el colectivo radica en el descrédito que ha sufrido por parte de sus dirigentes con veladas acusaciones a su excesivo número o a que no desempeñaban correctamente su trabajo. En nuestro caso particular, el anterior consejero de Sanidad llegó a afirmar que los médicos dormían durante las guardias, por poner un ejemplo. Además, Castilla-La Mancha ha sufrido un recorte adicional del 3 por ciento en las retribuciones que no ha sufrido ninguna otra autonomía.
AS.- ¿Por qué el Gobierno central no ha recuperado la jornada de 35 horas pese a que lleva meses hablando de la recuperación económica que experimenta España?
IC.- Esa pregunta debe ser contestada por la Administración General del Estado, ignoramos las razones del mantenimiento de la medida, máxime cuando no se ha cuantificado por parte del Estado el ahorro que se ha obtenido, ahorro que no puede ser muy numeroso, ya que el personal que necesariamente tiene que prestar servicios las 24 horas del día y los 365 días del año es el sanitario, y éste, en un abrumador porcentaje, es gestionado por las comunidades autónomas.
AS.- ¿Son conscientes de que la recuperación de la jornada de 35 horas viola el Decreto estatal?
IC.- Desde nuestro punto de vista, el Estado no es competente para fijar la jornada de los funcionarios públicos de otras Administraciones. Nos apoyamos en varias razones para esta afirmación:
- Existen dictámenes de organismos consultivos autonómicos como el navarro o el catalán que avalan que cada Administración es la competente para la autoorganización de sus servicios, autoorganización que comprende necesariamente el establecimiento de la jornada de sus empleados.
"Cada Administración es la competente para la autoorganización de sus servicios"- La norma estatal que fijaba la jornada mínima en 37,5 horas semanales era la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 2012, norma con carácter anual y que se ha mantenido en el tiempo durante cuatro años. Se trata, por tanto, de una herramienta normativa cuanto menos discutible.
- Por último, el recientemente aprobado texto refundido del Estatuto del Empleado Público, aprobado mediante el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre (y posterior, por tanto, a la LPGE de 2012) establece en su artículo 47 textualmente que “las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos”, sin mención alguna a topes mínimos de jornada.
AS.- ¿Creen que el Gobierno central impugnará la norma autonómica?
IC.- Como ya he indicado con anterioridad en una pregunta similar, quien debe contestar a esta cuestión es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta la fecha, la Junta de Comunidades ha recibido un fax el pasado viernes, 12 de febrero, a las 2 de la tarde, en el que se proponía la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Junta de Castilla-La Mancha con el objeto de discutir los preceptos de la ley autonómica que desde el Estado se consideran conflictivos. Por nuestra parte, nos hemos puesto a disposición del Ministerio para reunirnos cuando ellos lo consideren conveniente para aclararles todos los aspectos que nos demanden con total colaboración y desde la lealtad institucional.
A este respecto, destacar que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha expresado recientemente que “seguramente ni se va a recurrir” (son palabras textuales) la jornada laboral de los funcionarios públicos de la Junta de Comunidades. Estas palabras, en boca del máximo representante del Gobierno en la región, nos inducen a pensar que dicha impugnación por parte de ese mismo Gobierno no se va a producir. Lo contrario constituiría, como mínimo, una desagradable sorpresa y una clara muestra de descoordinación en el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.