Una delegación del Consejo General de Enfermería se ha reunido, este martes, 11 de julio, en Madrid, con el secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, en nombre de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para trasladarle "el error de financiar educación sanitaria en las farmacias rurales".
Tal y como indica esta institución, esta reunión, en la que participaron su vicepresidente tercero, José Luis Cobos, y su secretario general, Diego Ayuso, se produjo "a raíz de un proyecto para que estos establecimientos privados usurpen funciones de médicos y enfermeras en la España despoblada", el cual "pretende que las farmacias rurales de Castilla y León -establecimientos privados y con ánimo de lucro- realicen labores de educación para la salud propias de médicos y enfermeras de Atención Primaria".
Por todo ello, el Consejo General de Enfermería indica que se pidieron "explicaciones" en relación con este proyecto piloto impulsado por el Consejo de Colegios Farmacéuticos Profesionales de Castilla y León (CONCyL). Éste "supone financiar con fondos públicos unos establecimientos privados para ejercer unas funciones que ya forman parte de la cartera pública de servicios en Atención Primaria", explica.
Vulneración de las leyes
"Además, independientemente de que estas acciones suponen externalizar y privatizar, en lugar de reforzar la Sanidad Pública, implican una clara vulneración de las leyes que delimitan las competencias profesionales", continúa esta corporación, que añade que "la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, la gestión de los problemas de salud y el seguimiento de los pacientes se lleva a cabo por los profesionales de los Equipos de Atención Primaria".
En estos último, "por supuesto, no se integran los farmacéuticos de las oficinas de Farmacia rurales", prosigue el Consejo General de Enfermería, que recuerda que así lo expuso su presidente, Florentino Pérez Raya, mediante una carta enviada el pasado 9 de junio a la citada cartera gubernamental.
Así, José Luis Cobos y Diego Ayuso señalaron que "los problemas de la España rural, con problemas de acceso a los servicios públicos, no puede solucionarse mediante la derivación de funciones sanitarias a establecimientos privados y con ánimo de lucro, aunque, por supuesto, desempeñen un papel fundamental en la dispensación de medicamentos".
Petición de explicaciones
"El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, por su parte, también ha establecido contactos con la Consejería de Sanidad de la región para pedir explicaciones ante esta controvertida iniciativa", declara el Consejo General, que afirma que, "desde el Ministerio, se aclara que el carácter de esta formación o información que pudiera emanar de las farmacias rurales sería más social que sanitario -al contrario de lo manifestado por los órganos de representación de los farmacéuticos-".
Además, esta institución manifiesta que Francesc Boya explicó que, "en cualquier caso, la Consejería de Sanidad, quien tiene las competencias y la capacidad para juzgar estas actuaciones, determinará si estas exceden o no las competencias que las leyes establecen para los farmacéuticos".
"Los problemas de acceso a servicios básicos en algunas zonas de España, a la Sanidad en este caso, no pueden solucionarse externalizando ni privatizando actuaciones propias de médicos y enfermeras en el marco de nuestra Sanidad Pública", insistió, por su parte, Cobos, quien agregó que "es un error derivar esas funciones a establecimientos particulares y con intereses comerciales -y, encima, financiarlo con fondos públicos- en lugar de reforzar la Atención Primaria y a sus profesionales".
"En cualquier caso, no consentiremos que se menoscaben las funciones que la ley atribuye a las enfermeras y la educación para la salud es una de ellas, algo crucial para el bienestar y la calidad de vida de la población ahora mismo y en un futuro", concluyó este representante del Consejo General de Enfermería.