Estas organizaciones, reunidas para exponer este "clamor unitario" a la hora de "exigir responsabilidad y soluciones a las Administraciones ante los impagos", y que representan al sector sanitario, farmacéutico y de la dependencia, fueron, además de las citadas, entre otras, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña (CCFC).
Este acto reivindicativo, que también contó con la participación de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), y de las federaciones de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) y Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), sirvió "para manifestar y denunciar de manera conjunta la dimensión del problema al que se está enfrentando la Sanidad".
No se ponen soluciones desde los Gobiernos
Esta coyuntura se está produciendo "sin que las Administraciones tomen las medidas necesarias para solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los ciudadanos", continuaron los representantes de estas organizaciones, que añadieron que la situación es "insostenible y de máxima urgencia por la falta de corresponsabilidad".Es "inaceptable" el hecho de "que un derecho básico y fundamental como es la salud no esté garantizado", prosiguieron estas entidades, que exigieron, por ello, "ser tratadas con el mismo sentido de la responsabilidad que el sector ejerce hacia los ciudadanos, a los que lleva años dando cumplimiento a sus derechos debiendo buscar recursos propios para no dejar de prestar el servicio".
Uno de los presentes en este encuentro fue el presidente de PIMEC, Josep González, que indicó que "es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave problemática que atenta contra la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la dependencia". "Pone en peligro miles de puestos de trabajo", añadió al tiempo que expuso que "ha supuesto un impacto directo en sus relaciones con clientes y proveedores".
Las entidades sanitarias y sociosanitarias acumulan deuda
Su homóloga en ACES, Cristina Contel, manifestó, por su parte, que las entidades sanitarias y sociosanitarias "tienen a día de hoy una deuda acumulada del 33 por ciento de la facturación del mes de junio y el 100 por cien de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre". Así, la también máxima representante de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) concretó que "llevan más de cuatro meses prestando servicios sanitarios a la ciudadanía, pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, la seguridad social y demás impuestos", lo que "se traduce en un importe de deuda en torno a los 380 millones de euros por cada mes".Otros intervinientes fueron el presidente de CCFC, Jordi de Dalmases, que considera que el problema es "estructural"; su homólogo en FEFAC, Antoni Torres, que informó de que el gasto público en medicamentos en Cataluña "se ha reducido un 27 por ciento en los últimos cinco años"; y el vicepresidente de FEDIFAR, Vicenç Calduch, que declaró que la situación "se ha cronificado".
Además, el presidente de FETOR, Santiago Maza, recordó que el sector de la ortopedia ya soportó "recortes a las prestaciones de productos ortopédicos"; el máximo exponente de UPIMIR, Vicente Botella, explicó que "el sector social atiende a los ciudadanos más frágiles y con más necesidades, los dependientes"; y el secretario general de PIMEC y presidente de PMcM, Antoni Cañete, subrayó que "tanto la Directiva europea, como la Ley española obligan a pagar a 30 días en el ámbito público".
Exigencias
Expuesto todo ello, los asistentes exigieron "que se arbitre y libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, suficiente para que les permita hacer frente a sus obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre, y que se determine un calendario de liquidación de la deuda restante", y "que se cumplan los plazos de pago que la ley o conciertos determinan".Por último, reclamaron "que se diseñe y se implante un nuevo sistema de financiación", ya que el actual "ha demostrado ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o similares problemas en los pagos"; así como "que las Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales", ya que no se debe permitir "espejismos contables".