El PSOE registra una proposición de ley por la sanidad de los desempleados emigrantes

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Grupo Parlamentario Socialista
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Como ya había adelantado José Martínez Olmos a Acta Sanitaria, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición de ley para que los desempleados emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria, ya el PSOE e Izquierda Unida (IU) solicitaron la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, al Congreso de los Diputados por este hecho; Andalucía y Asturias, por su parte, continuarán garantizando la asistencia sanitaria a este colectivo.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que "es 'intolerable' que, por la puerta falsa, se les quite la asistencia sanitaria a los españoles que tienen que salir al extranjero por búsqueda de empleo o por formación". Asimismo, José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista señaló recientemente que “esta medida es una chapuza, una medida injusta e innecesaria, que afecta especialmente a los jóvenes que salen fuera de nuestro país a buscar trabajo y supone un doble castigo para este colectivo”.

Como este medio informó, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 (PGE2014), por enmiendas presentadas por el PP y aprobadas en el Congreso de los Diputados, se introducen nuevos requisitos para que las personas que hayan agotado la prestación, el subsidio por desempleo u otras prestaciones puedan tener derecho a la asistencia sanitaria: “residir en España”, modificación que se introduce a la Ley 16/2003 de “cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”. De igual manera, la Ley de PGE2014 en otra disposición, que modifica la Ley General de la Seguridad Social, se refiere a la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y señala que quienes salgan al extranjero por tiempo superior a 90 días no serán considerados residentes, por lo que quedarían excluidos del sistema sanitario.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista pide suprimir el parte que exige “residir en España” y derogar la disposición que establece la pérdida de la asistencia sanitaria cuando el desempleado sale del país por un tiempo superior a 90 días.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que esta restricción del derecho a la asistencia sanitaria "actúa en detrimento del derecho a la protección de la salud, garantizado en el artículo 43 de la Constitución", y que se adoptó esta medida cuando cientos de miles de españoles se ven obligados a salir en busca de empleo, formación o recualificación profesional. Así, para los Socialistas "en lugar de arbitrar las medidas y prestaciones necesarias para tutelar el derecho a la salud en cumplimiento del mandato constitucional", se está privando de este derecho a muchas personas.
Andalucía y Asturias garantizarán la atención sanitaria a los desempleados emigrantes
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía señala, en un comunicado, que "defiende el carácter universal de la sanidad pública y asegura que el abandono a estas personas no se ha planteado en ningún momento". Así, en el documento se señala que el "sistema sanitario público andaluz atenderá a las personas en situación de desempleo que permanezcan más de tres meses fuera de España y que hayan agotado la prestación". Por su parte, la consejera de Igualdad, Salud y Política Sociales de esta comunidad, María José Sánchez Rubio, asegura que, “en ningún momento, la Junta de Andalucía se ha planteado abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de tener que marcharse de su país para buscar empleo, ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria”. Para la responsable de la sanidad en Andalucía, la exclusión de la sanidad pública de estas personas “no constituye un ahorro significativo para las arcas públicas, y sí una clarísima injusticia que vendría a castigar doblemente a las personas que se ven obligadas a emigrar por no encontrar trabajo”.

Igualmente, del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, por medio de la cuenta en Twitter de AsturSalud, se informó a este medio que esta comunidad también garantizará esta prestación. Así, Andalucía y Asturias son las comunidades que, hasta el momento, declaran desmarcarse de la decisión del Gobierno central de excluir a este colectivo de la cobertura sanitaria y que aseguran continuar garantizando el derecho a la sanidad a estas personas.