Pedro González, presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), rechazó con rotundidad que la rueda de prensa que habían convocado para presentar un cuarto informe sobre los grandes fallos de fondo y de forma del proceso de privatización/externalización, llevada a cabo por la Comunidad madrileña, supusiera un acto de presión dirigido a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, durante los próximos días 9 y 10, se pronunciarán sobre si el proceso de externalizar seis hospitales madrileños sigue o no adelante. González sostuvo tal rechazo en que "la Marea Blanca se ha caracterizado por ser blanca y por su transparencia" y en la creencia de que "este país lo tenemos que construir entre todos.
Las principales tesis en que se basa el nuevo informe es que los datos reflejados en él (unas complicadas cuentas basadas en los propios datos de la Consejería de Sanidad madrileña) invalidan el cálculo del coste de la asistencia sanitaria y que, por tanto, invalida el contrato del SERMAS. En el informe se lleva a cabo un análisis de la llamada Facturación Intercentros (FIC), referida al coste del tratamiento de los pacientes en hospitales distintos del que tienen asignados. Según el mismo, la consejería echa sus números en la teoría de la Facturación Intercentros de dos años consecutivos, concretamente 2011 y 2012 que, una vez desglosados y según los autores del informe, se puede comprobar que son incorrectos, al igual que sucede con la previsión del ahorro ofrecida por la consejería.Como especialmente grave, el informe de Afem destaca el caso de la FIC en el que cada año se ha aplicado un método de cálculo diferente, ya que en 2011 lo realizan mediante el método de Unidades de Complejidad Hospitalaria (UHC), mientras que en 2012 aplican arbitrariamente el modelo de Precios Públicos. Otro error a tenere en cuenta es que esos datos aplicados no se actualizan desde 2009, con lo que calculan una pérdida económica de más de 50 millones de euros a las arcas públicas comparándolo con los datos publicados en 2013, un 2 por ciento más baratos debido a la crisis económica. Basándose en estos y otros datos, Afem asegura confiar en la Justicia, "porque sobran razonamientos económicos, sanitarios y jurídicos para mantener el proceso suspendido"
Pedro González calificó el trabajo realizado por Afem y sus colaboradores como de "esfuerzo titánico" y confió en que la tutela judicial efectiva (la suspensión cautelar) sirva "para asegurar la efectividad de la futura sentencia", puesto que recordó que se trata de la salud y el dinero de todos los madrileños. En este punto criticó los planteamientos de hace un año de la consejería madrileña que sustentaba la externalización en la falta de medios. Entre las utilidades del informe, reseñó que “trata de evitar la quiebra del sistema y que los hospitales a externalizar hayan de ser rescatados como ocurrió con el hospital de Alzira”; pero sobre todo pretenden que tenga la utilidad de llevar a cabo lo que denominó como un disparate.
Una de las cosas más interesantes que comentó González es que ocurra lo que ocurra el día 9 y 10 del presente mes de enero. La suspensión cautelar no va a significar el final del proceso, sino que va a suponer un paso más de un proceso sin bases sólidas y que perjudica a la población y que por ello anunció estar estudiando solicitar nuevas suspensiones, ya que la Comunidad de Madrid se ha arrogado la autoridad de conceder la capacidad de la enseñanza y de la investigación, pasando la docencia de los hospitales públicos a los privados.Por último, el presidente de Afem aseguró no creer en que la privatización se lleve a cabo en esta legislatura, “porque este proceso está mal en el fondo y en la forma”, y reiteró su confianza en los jueces, ya que si los políticos van por un lado y los jueces, los profesionales y los ciudanos por otro ¿hacia donde vamos?, se preguntó.