La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado, este jueves, 16 de febrero, en sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea de Madrid, que las instrucciones dictadas por la Consejería de Sanidad en los centros de salud buscan "defender el decoro en los espacios públicos", ya que "no se puede secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales".
Esta resolución para "garantizar el uso adecuado de los centros de salud" se dictó "tras detectar, en las instalaciones, actividades no relacionadas con la atención sanitaria durante la jornada laboral", indica la cartera sanitaria del Ejecutivo regional, que añade que "se están utilizando los dispositivos de Primaria para recogidas de firmas o reparto de folletos no autorizados".
La Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Administración sanitaria autonómica realizó visitas aleatorias en 50 centros "para comprobar que se cumple con la normativa". "Los pacientes no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo", indicó, por su parte, Isabel Díaz Ayuso, que considera que "hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde toca".
Vía jurídica
Ante todo ello, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) recogió la respuesta del Comité de Huelga de Atención Primaria de Madrid, que cree que el Gobierno de esta comunidad autónoma "utiliza sus energías en una actitud de confrontación y amenazas". "Esto viene a alejar las posibilidades de una necesaria solución al problema, así como coarta la libertad sindical, de expresión de los ciudadanos y de información en el contexto de un conflicto sin resolver", lamenta.
"Las diferentes organizaciones y sociedades que conformamos el Comité de Huelga hemos iniciado consultas a nuestras respectivas asesorías para valorar las acciones jurídicas pertinentes", prosigue este órgano de negociación, mientras que AMYTS comunica que va a iniciar dichas acciones "al comprender que hay motivos jurídicos" para ello.
Otras organizaciones que reaccionaron ante los hechos fueron el Sector de Sanidad y Servicios Sanitarios de la delegración madrileña del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT Servicios Públicos), que denuncia "la actitud represiva y persecutoria" del Ejecutivo autonómico, y el área madrileña de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Madrid), que declara que la Administración regional, "en lugar de preocuparse por arreglar los problemas de la Sanidad madrileña, vuelve a criminalizar a sus trabajadores".