La Junta de Castilla y León anuncia que, "con el fin de proteger a los trabajadores más vulnerables a las agresiones, tal y como se ha venido analizando desde la puesta en marcha del Observatorio en 2008, dese la Consejería de Sanidad, y a propuesta del Sindicato de Enfermería (Satse), en las placas identificativas de los profesionales de los servicios de Urgencias de Atención Especializada, de los servicios de Urgencias de Atención Primaria, de Psiquiatría y de las Unidades Medicalizadas de Emergencias, aparecerá solamente el nombre de pila del profesional y las iniciales de sus dos apellidos y no el nombre completo como ocurría hasta ahora".
Se trata de una de las medidas adoptadas por la Sección de Agresiones del Observatorio Único de Castilla y León, en la que, además, se estudiaron otros asuntos como el borrador de un nuevo procedimiento de prevención y gestión de agresiones al personal de centros e instituciones sanitarias con el fin de ordenar todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2008, así como actualizar los contenidos y adaptarlos a las nuevas situaciones y herramientas –dichas modificaciones derivarán del nuevo programa informático Violencia en el Trabajo aprobado por la Dirección General de la Función Pública, en el que se integrará el actual Registro de Agresiones-.
Las agresiones
La Administración de esta comunidad señala que, por categorías profesionales, 132 de los trabajadores agredidos fueron médicos, 148 profesionales de enfermería, 68 técnicos auxiliares de enfermería, 20 celadores y 23 otro personal. Según el organismo, la mayoría de los incidentes en los centros sanitarios fueron de carácter verbal (64 por ciento).El 19 por ciento fueron psicológicas y el 17 por ciento fueron agresiones físicas. La mayor parte de estas agresiones físicas -que fueron 87 en total- tuvieron lugar en las áreas de Psiquiatría -44 de ellas-, mientras que 10 se registraron en los servicios de Urgencias, cinco en Medicina Interna, cuatro en las consultas y una en el domicilio del paciente.
Además, destacan que desde la puesta en marcha del plan frente a las agresiones, ha habido 169 sentencias condenatorias, de las cuales 41 fueron constitutivas de delito. Entre 2010 y 2016, se abrieron 65 expedientes sancionadores, de los cuales 36 acarrearon sanción.