Carmen Montón
Carmen Montón participó este martes, 28 de febrero, en uno de los desayunos socio-sanitarios que organiza la agencia Europa Press que, en esta ocasión, contó con el patrocinio de Novartis y de Real Life Data. A lo largo de su intervención, la consejera valenciana insistió en la apuesta del actual gobierno de la Generalitat por la sanidad pública, hasta el punto de que anunció que, el 1 de abril de 2018 y como consecuencia de la finalización del contrato de concesión a Ribera Salud, el área de Alzira pasará a la gestión pública. De todos modos, apuntó que la defensa de lo público no es atacar la sanidad privada que, de acuerdo con su planteamiento, tiene un carácter de complementariedad y no de sustitución de lo público.
Un giro de 180 grados
Según la consejera Montón, en los 20 meses del gobierno de la Generalidad, tras la etapa de los gobiernos del Partido Popular (PP), se había dado un giro de 180 grados en las políticas sanitarias de recortes, exclusión y privatización, con un afianzamiento de la sanidad público como parte de la renovación de la vida política en la comunidad. Y es que, de acuerdo con sus palabras, la sanidad pública es un instrumento de cohesión y contra la desigualdad. Muestra de ello es la universalización de la asistencia a toda la población y las medidas de ayuda para atemperar el copago farmacéutico.En sus palabras, se ha producido una recuperación de derechos, al tiempo que reiteró su petición de que se derogue el Real Decreto Ley 16/2012 que, en contra de lo anunciado, ni ha comportado ahorro alguno para el Sistema Nacional de Salud. En este contexto, Carmen Montón consideró que era imprescindible seguir exigiendo que se retiraran los recursos interpuestos a las medidas valencianas de recuperación de la universalidad y las ayudas frente al copago. Sin embargo, la ministra de Sanidad inauguró su mandato anunciando nuevos copagos y, sobre todo, evitando convocar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
A juicio de la consejera, falta interés en atender las necesidades sanitarias de las Comunidades Autónomas. Y recordó los más de 12.000 millones de infrafinanciación acumulada en los últimos 10 años (259 euros menos que la media por habitante) y los 303 millones que el Gobierno Central adeuda del fondo de garantía sanitaria.
Defensa de lo público
A lo largo de su intervención, Carmen Montón reiteró la bondad de lo público, que considera sostenible, para lo que se requiere no sólo recursos económicos, sino también voluntad política. Y ofreció los elementos para la recuperación de la sanidad pública: presupuestos adecuados, gestión eficiente, mejora de las infraestructuras e incremento del personal. En este último punto, se manifestó en contra del mantenimiento de la tasa de reposición, que calificó como de 'yugo' sobre la asistencia.Además, la apuesta por la sanidad pública de gestión directa va a tener su reflejo en un cambio legislativo, con la modificación de la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana". Se trata, explicó, de que la gestión pública sea "la formula preferente" y recoja que no se prorrogarán los contratos de gestión de servicios públicos para la asistencia integral de los departamentos de salud de las concesiones.
En palabras de la consejera, este compromiso comenzará a materializarse en el 2018, con el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un Departamento de Salud como es el de Alzira: "Quiero dejar claro que Alzira será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, fecha de finalización de su contrato",; y añadió que "sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios tendrán la misma cartera de servicios de la que disponen actualmente.
En sus palabras, y como respuesta a una de las preguntas que le hicieron, Carmen Montón que el modelo de concesión haría inviable el sistema sanitaria valenciano si todos los departamentos lo siguieran. Además, sólo están cumpliendo lo anunciado en los programas electorales.
Medidas sin sentido
La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, entre otras muchas consideraciones, calificó de sin sentido el Real Decreto Ley 16/2012, pues tan sólo había servido para excluir a personas de la prestación asistencial sin haber conseguido ahorro alguno. De ahí que calificara a la norma de aberrante e indecente.En cuanto a la prescripción enfermera, Carmen Montón abogó por una nueva norma con el acuerdo de todos y que no se modifique de espaldas a sus promotores. Defendió la responsabilidad creciente de la enfermería, cuyo papel calificó de fundamental, y afirmó que no se trataba con inteligencia política a la enfermería.
Finalmente, y para sorpresa de algunos, la consejera sacó dos diarios de sesiones de la Cortes Valenciana, de 2014, en los que tanto el presidente de entonces como el consejero de sanidad, ambos del PP, aseguraban que no iban a prorrogar ninguna de las concesiones existentes en aquel momento.