En una carta dirigida al ministro de Justicia, Amnistía Internacional solicita al gobierno la retirada del anteproyecto de ley que pretende restringir el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal. “En caso de ser aprobado, este anteproyecto de ley retrotraería el país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas", manifestó Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.Según Amninistía Internacional, la propuesta incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España y las recomendaciones de expertos internacionales sobre la plena implementación de la ley actual. “El anteproyecto es discriminatorio. Si es aprobado, afectará desproporcionadamente a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, puesto que no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros y legales", advierte Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.
Entre los obstáculos que introduce el anteproyecto de ley, cualquier mujer que quiera acceder a un aborto seguro y legal, deberá obtener dos dictámenes médicos de centros diferentes certificando cualquier posible riesgo para la salud o la vida de la mujer y el feto, recibir apoyo psicológico obligatorio e información sobre cuestiones no médicas y luego esperar siete días durante el llamado “período de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, se les exigirá consentimiento parental. El anteproyecto también exige que las mujeres y niñas que fueron violadas tengan que hacer una denuncia antes de poder acceder a un aborto legal y seguro. Esto sería particularmente problemático para algunas mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, que en caso de presentar una denuncia por violación podrían, en ciertos casos, quedar expuestas a que se les abra un procedimiento de expulsión si hacen la denuncia.
“El nuevo anteproyecto de ley propone una carrera de obstáculos humillante y muy difícil de superar, imponiendo múltiples barreras para el acceso al aborto legal y seguro y mermando la autonomía de las mujeres y niñas", expone Jezerca Tigani. Así mismo, la organización afirma que el anteproyecto de ley tendría un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar a los médicos a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres. Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes.