La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha expresado su rechazo ante la estrategia que dos Comunidades Autónomas han impulsado contra este sector, al apostar por la creación con dinero público de nuevas empresas que asumen todos los servicios de transporte sanitario, rompiendo el actual modelo de colaboración entre administraciones y empresas que se ha asentado en España durante la última década. Según ANEA, el nuevo modelo de empresas publicas de transporte sanitario impuesto por las comunidades de Baleares o La Rioja, supone un ataque directo contra el sector empresarial que ha consolidado en España un sistema profesional y moderno, que ha demostrado ser más eficiente, tanto económica como asistencialmente. Pero también implica, según esta Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias, un comportamiento “irresponsable” hacia el dinero de los contribuyentes, puesto que la creación de estas empresas públicas supone un sobrecoste en la gestión y financiación de los servicios que supera el 50 por ciento. A esto se suma la inseguridad jurídica que estas Comunidades autónomas generan para los cientos de trabajadores y profesionales del transporte sanitario que están siendo subrogados directamente dentro de la administración pública, sin haber superado ninguna prueba, un aspecto que puede desencadenar las denuncias de otros trabajadores públicos del sector sanitario o de los servicios de transporte sanitario que han seguido siendo públicos, como las emergencias o el 061.
Carlos Magdaleno, presidente de ANEA
