Conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, un grupo de instituciones ( Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), SESPAS, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC) ha difundido un Comunicado en el que, entre otros aspectos, señala que, de esta forma, el Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal. Para las asociaciones firmantes, la sentencia contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.
Conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, un grupo de instituciones ( Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), SESPAS, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC) ha difundido un Comunicado en el que, entre otros aspectos, señala que, de esta forma, el Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal. Para las asociaciones firmantes, la sentencia contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.