Después de que hubiera transcendido la decisión de la Consejería de Sanidad de Galicia, de repercutir sobre los usuarios los daños que ocasionen por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales del Servicio Público de Salud, desde la Consejería de Pilar Farjas se ha realizado un auténtico alegato en defensa de la medida, en donde se mezclan argumentos tan peregrinos como el que rompe algo debe pagarlo o que se trata de una decisión acertada porque la han avalado los servicios jurídicos de la Xunta, que acreditaron su rigor en el caso del catálogo selectivo de medicamentos. Pero, según la Consejería, hay más: la medida cumple con una directiva de la Unión Europea para luchar contra el fraude, al evitar que reciban asistencia en España quienes no residan aquí. Más: es una medida dirigida a proteger a los trabajadores en desempleo, a quienes se les garantiza la asistencia. Además, la consejería 'considera sorprendente que los partidos de la oposición manifiesten su apoyo al uso irregular de la sanidad pública' (textual). Y el punto final: 'todos los usuarios debemos ser conscientes de que todas las medidas tomadas por la Administración tienen como objetivo seguir manteniendo la prestación sanitaria universal y gratuita. No hacerlo supondría, además de hacer dejación de sus deberes, poner en riesgo el sistema sanitario público'. Lo que no dice es cómo se va a determinar, y por quién, el uso irresponsable de los servicios.
