En el debate abierto entre los profesionales de enfermería contra los de farmacia, el sindicato de enfermería (SATSE) ha lanzado una especie de órdago al anunciar que va a poner en marcha todos los mecanismos para conseguir el libre establecimiento de oficinas de farmacia, actualmente limitado a los profesionales farmacéuticos y sometido a determinadas condiciones.
Desde un planteamiento liberal, la propuesta de Satse entra dentro de la lógica, aunque llueve sobre mojado. No es la primera vez que se realiza tal planteamiento pues en varias ocasiones se ha realizado desde la institución conocida como Defensa de la Competencia, la última en octubre de 2015 por la CNMC. Y siempre ha quedado en nada porque el legislador (y se trata de una cuestión que depende de cada país) considera superiores los beneficios sociales de mantener el actual modelo de ordenación farmacéutica que los que se derivarían de su liberación. No hay que olvidar que la Comisión Europea, e incluso el Tribunal de Justicia Europeo, ha dejado claro que la ordenación farmacéutica es una cuestión de cada Estado y es manifiesto que en Europa conviven diversos modelos de farmacia.
La liberalización que reclama Satse responde más a los intereses de las grandes multinacionales del sector de la distribución (acaba de manifestar su interés Amazon), que a los de los ciudadanos a quienes, supuestamente, pretende defender el sindicato, pues no sería comprensible que hiciera tal petición para que sus sindicados pudieran montar farmacia.
Desde un punto de vista asistencial, la actual estructura de la organización de oficinas de farmacia en España es la que mejor se adecúa al Sistema Nacional de Salud (SNS) e, incluso, contribuye a consolidar la imagen unitaria de dicho sistema. Nadie piensa que la liberalización vaya a comportar, como actualmente sucede, que prácticamente todos los ciudadanos cuenten con servicios de asistencia farmacéutica a pocos pasos de sus domicilios.
Pero, aparte de este argumento, existe otra razón, y es la que no suelen esgrimir los defensores de la liberalización de establecimiento, como sucede ahora con Satse, y es que, a la libertad de establecimiento, debe unirse a libertad de precios de los medicamentos. Desconozco por qué se oculta este aspecto, que resulta esencial en los planteamientos de liberalización. Porque, en España, los precios de los medicamentos, como el establecimiento de farmacias, no son libres y la inclusión de los fármacos en la financiación de la Sanidad Pública está sometida a múltiples restricciones, entre otras por la facilidad de acceso a los mismos a través de la red de farmacias.
Me imagino que, en su próximo planteamiento liberalizador, Satse abogue por la libertad de precios de los medicamentos. Recibirá más felicitaciones que las críticas actuales de las farmacias. Que, por cierto, sigo sin entender a quién quiere beneficiar con su propuesta.
