Durante su intervención, Óscar Castro explicó que, para minimizar los impactos sociales y medioambientales que la actividad económica genera, las compañías precisan de normas de conducta empresarial y un cambio de paradigma socioempresarial.
Modelo de empresa “comunitario”
En este sentido, Castro comentó que el modelo tradicional de empresa cortoplacista, basado únicamente en la generación de beneficios para el accionista, dio paso a uno de empresa “comunitario”, donde esta se concibe como una institución social articulada a través de un nexo de relaciones de confianza mantenidas a largo plazo, con personalidad jurídica propia y titular de derechos y obligaciones.Por otro lado, en los últimos tiempos, empresas del ámbito privado, organismos públicos e instituciones crearon una amplia gama de pactos, directrices y códigos de conducta para desarrollar sus actividades y establecer controles respecto de aquellos que dirigen sus entidades.
Estos códigos éticos pueden ser normas de carácter voluntario establecidas por las empresas, pero otras veces derivan de normas de carácter obligatorio que emanan de los poderes públicos estatales o europeos. De hecho, la necesidad de mantener e incluso ganar la confianza de empresas e instituciones, está generando que cada vez más entidades se planteen incorporar criterios de Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno (o Gobierno Corporativo).
Transparencia y el Buen Gobierno
En este sentido, el máximo representante de los dentistas españoles declaró que la transparencia y el Buen Gobierno son el espejo donde han de mirarse las Administraciones públicas y sus dirigentes. La transparencia tiene como objetivo que la información que manejan los organismos públicos sea accesible a los ciudadanos, para que exista un verdadero control por parte de la sociedad.“Toda esta realidad plasmada en textos normativos que pretende la autorregulación de empresas u organismos públicos, en aras de una sociedad más ética, pulcra y transparente, merece un análisis de cómo las organizaciones colegiales se ven afectadas por este conglomerado de normas y tendencias regulatorias”, concluyó Castro.
Este taller contó, también, con la participación del magistrado letrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Carlos López Martínez; la directora del Departamento Internacional de Unión Profesional, Elena Córdoba Azcárate; el socio de Legal Management Services de Price Waterhouse Coopers (PwC), Fernando Fernández Miranda Vidal; y la directora del Departamento de Estudios e Innovación de Unión Profesional, Dolores Martín Villalba.