Carmen MontónLa iniciativa trata de minimizar los prejuicios económicos para los proveedores y el Ejecutivo de esta comunidad autónoma, dotando a la cartera sanitaria de los medios que le permitan alcanzar acuerdos que pongan fin a la controversia judicial y eviten, en su caso, atrasos y demoras en los procedimientos procesales.
"Los problemas de financiación que han ido arrastrando las comunidades autónomas, a los que la Comunidad Valenciana no ha sido ajena, unido a la necesidad de mantenimiento de las prestaciones sanitarias, ha ocasionado que, durante los últimos años, la Generalitat, y más concretamente la Consejería de Sanidad, haya ido acumulando obligaciones de pago sin que el sistema de financiación haya podido dar respuesta a esta situación", informa la Generalitat Valenciana.