
Con esta sentencia, "se garantiza la seguridad jurídica a los profesionales y a los centros sanitarios y se produce un beneficio directo para todos los usuarios". Para ASPE, "las trabas al libre ejercicio profesional de los médicos perjudican a profesionales y empresas, pero, sobre todo, a los ciudadanos, que ven en riesgo su derecho a recibir el mejor servicio sanitario posible en un contexto de escasez de profesionales".
"El déficit de profesionales médicos provocado, entre otras cosas, por el progresivo envejecimiento de las plantillas, los recortes en Sanidad o los desajustes entre la formación de especialistas y las necesidades reales del sistema, es un problema grave que ya está afectando de manera significativa a algunas regiones de nuestro país, tanto en la Sanidad Pública como en la Privada", critica la Alianza. Por eso, "creemos que lo lógico sería llevar a cabo medidas para facilitar la contratación por parte de ambos sectores, aludiendo al interés público previsto por la Ley, en lugar de poner dificultades", añade ASPE.